A través de un comunicado, el órgano refirió que, derivado de la disposición demostrada por la empresa responsable con las víctimas, los agraviados optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo cual implica la firma de acuerdos reparatorios.
“Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, puntualizó la institución.
Según agregó, estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada.
Al dar a conocer las conclusiones de la indagatoria sobre los hechos ocurrido el 28 de diciembre pasado, la fiscal general, Ernestina Godoy, afirmó que los ministerios públicos integraron cuatro carpetas de investigación.
“Acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual, la investigación se llevó ante un juez oportunamente”, agregó.
Con ello se lograron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso, detalló la funcionaria, al añadir que “por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida”.
Las autoridades descartaron el ilícito de ataques a las vías generales de comunicación, pues “se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma”.
“En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación”, señaló.
Mencionó otras auditorías y expedientes concluidos por la Secretaría Anticorrupción, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por las dos dependencias.
“Además –dijo-, con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones, cumplen con la norma aplicable”.
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