La declaratoria aprobada por el Ejecutivo, cuya aplicación fue suspendida temporalmente por el referido tribunal en enero último, se enfrenta a una decisión definitiva sobre su futuro durante esta jornada.

Se espera que Camargo solicite a sus colegas declarar inconstitucional la medida, con la cual se pretendía adoptar medidas excepcionales en materia económica a través de la recaudación de 16,3 billones de pesos (alrededor de cuatro mil 440 millones de dólares al cambio actual).

El magistrado alegará que el decreto no cumple con los requisitos exigidos por la ley para el uso de ese tipo de herramientas y que el gobierno contaba con los medios requeridos para enfrentar la situación sin necesidad de apelar a una emergencia. En caso de que la Sala Plena respalde la ponencia, el decreto quedará anulado de manera definitiva.

La elección como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia de Carlos Camargo, ocurrida en septiembre del año pasado en el Congreso, generó reacciones de rechazo por parte del Gobierno por considerar que se trató de una designación preñada de irregularidades.

De acuerdo con un reporte de RTVC Noticias, 15 demandas buscan actualmente ante el Consejo de Estado la nulidad de su nombramiento.

Los argumentos, según el medio noticioso, incluyen presuntas irregularidades en la conformación de la terna, posibles conflictos de interés y el incumplimiento de normas de equidad de género, pues con su llegada la Corte quedó integrada en un 66 por ciento por hombres.

Pesan además sobre Camargo además señalamientos de que, durante su gestión como Defensor del Pueblo, entre 2020 y 2024, habría contratado a esposas, hijos, hermanos y nueras de al menos siete de los 22 magistrados de la Corte Suprema.

Ante la posibilidad de que se anule la Emergencia Económica, el presidente del país, Gustavo Petro, pidió al ministro de Hacienda convertir el contenido del decreto en proyecto de ley, para que vuelva a ser discutido en las comisiones del Congreso donde ya se malogró dos veces antes.

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