El evento más destructivo de la historia reciente del país andino provocó la muerte de más de 670 personas, seis mil heridos y 80 mil desplazados.

El movimiento telúrico se sintió en todo el territorio nacional, según recuerdan los ecuatorianos, pero golpeó con mayor fuerza a Manabí y Esmeraldas, donde colapsaron viviendas, hospitales y escuelas.

El entonces presidente, Rafael Correa, recordó este miércoles la tragedia en la red social X, donde catalogó lo ocurrido como una de las pruebas más duras de su vida.

“Dentro de la desgracia, Ecuador sacó lo mejor de sí. En un año se avanzó en la reconstrucción el 60 por ciento. Después no se hizo casi nada”, apuntó el exmandatario, que dirigió el Ejecutivo entre 2007 y 2017 y lamentó que una situación tan devastadora haya sido politizada.

“La canalla mediática ha inventado toda clase de mentiras, han perseguido, pero la realidad es demasiado contundente”, añadió el exgobernante, que envió un “abrazo solidario a las familias de las víctimas”.

En medio de aquella emergencia, Ecuador recibió apoyo internacional, entre ellos el de Cuba, que envió una brigada del contingente Henry Reeve con especialistas en desastres, a los que se sumaron más de 700 profesionales de la salud que ya trabajaban en el país.

Los médicos cubanos instalaron servicios de cirugía y cuidados intensivos en zonas afectadas y participaron en labores de rescate y atención a sobrevivientes, en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

El terremoto también generó un fuerte impacto económico que obligó al Estado a aprobar medidas extraordinarias, como el aumento temporal de impuestos para financiar una reconstrucción estimada en más de tres mil 300 millones de dólares.

A una década del desastre, persisten cuestionamientos sobre obras inconclusas y el uso de los recursos destinados a la reconstrucción, mientras el presupuesto de 2026 aún registra unos 50 millones de dólares sin ejecutar, de acuerdo con reportes de la prensa local.

Una década después del terremoto existen procesos judiciales relacionados con el manejo de los fondos, entre ellos el que involucra al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de presunto peculado en la priorización de proyectos.

Glas permanece recluido en la prisión de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, mientras su defensa sostiene que no administró recursos ni firmó contratos vinculados a la reconstrucción.

El aniversario del terremoto revive, además, el debate sobre la preparación del país frente a desastres naturales, en una región expuesta a la actividad sísmica por estar ubicada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde expertos advierten que los riesgos siguen presentes.

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