El Gobierno mantiene activa una comisión integrada por el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez; el de Desarrollo Rural, Karel Rivero; el de Gobierno, Hernán Paredes, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira.

Sin embargo, los movilizados continúan la marcha que partió de Pando el mismo 8 de abril, cuando el presidente, Rodrigo Paz, promulgó ante grandes empresarios agropecuarios de Santa Cruz el proyecto de normativa 157 como Ley 1720.

“No tiene sentido dialogar después que el proyecto 157 fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz sin socialización”, afirmó el dirigente campesino del departamento de Pando Édgar Carpio.

El líder del sector rural rechazó continuar el diálogo con los emisarios para que a cambio de varias propuestas quedara disuelta la protesta.

“La única solución a estas alturas es la anulación completa e inmediata de la Ley 1720, la culpa es del presidente Paz y del cabecilla Branko Marinkovic (terrateniente y senador impulsor del proyecto de normativa 157)”, proclamó Carpio.

Esta protesta comenzó en la localidad de Porvenir, a 33 kilómetros de Cobija, capital del departamento de Pando, y fue convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos junto a representantes de pueblos indígenas yaminahua, machineri, esse ejja, tacana, pacahuara y cavineño.

Faculta la normativa 1720 al INRA a transformar la categoría de pequeña propiedad de tierras tituladas a mediana, lo cual permitirá a los productores, según el Gobierno, acceder a créditos sobre la base de hipotecar esas superficies cultivables.

Los adversarios de esta normativa advierten que puede afectar a los territorios comunitarios de los pueblos indígenas originarios campesinos y favorecer la concentración de tierras en manos de grandes latifundistas.

Paz promulgó esa norma en Santa Cruz de la Sierra con el argumento de que facilitará el acceso a financiamiento para pequeños productores.

Del lado contrario, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) expresó su respaldo a la marcha

Por su parte, la Fundación Tierra consideró que la normativa no beneficiará a la mayoría de los pequeños productores, sino principalmente a sectores agroindustriales consolidados, en especial a la oligarquía del oriente del país.

El especialista en temas agrarios Álvaro Céspedes, vinculado al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, en tanto, aseguró en un escrito que la ley representa “uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953”.

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