Así lo reconoció el ministro encargado de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, al comparecer ante diputados de la Comisión de Credenciales, donde le fue aprobado un traslado de partida por 30 millones de dólares para cubrir la primera fase de estabilización temporal del precio por galón de gasolina de 91 octanos y diésel.
Durante la sustentación, Fernández señaló que ese monto fue establecido mediante la Resolución de Gabinete, con un fondo inicial de 100 millones de dólares.
Los recursos, dijo, provienen de ahorros en el servicio de la deuda, logrados tras operaciones de refinanciamiento y cancelaciones anticipadas de bonos que redujeron el costo de intereses.
“No estamos dejando de pagar la deuda, estamos utilizando los ahorros generados por la reducción de tasas”, enfatizó.
Según el funcionario, el costo semanal estimado es de 4.2 millones de dólares y beneficiará a unos 45 mil vehículos del transporte selectivo y colectivo, con topes de consumo definidos.
En fases posteriores se incluirán la pesca artesanal, el transporte de carga de alimentos y eventualmente la maquinaria agrícola, sectores clave para la cadena de suministro y la seguridad alimentaria.
Durante el debate, varios diputados expresaron preocupación por el manejo de la deuda pública y el impacto que podría tener en el perfil crediticio del país.
Entre ellos Manuel Samaniego insistió en que el sector agropecuario debía ser incluido, señalando que tractores y maquinaria agrícola también dependen del combustible subsidiado.
Mientras que Benicio Robinson cuestionó que se utilicen partidas de deuda para financiar subsidios, pidiendo claridad sobre cuánto ahorro real se generará de los ocho mil 800 millones de dólares presupuestados para el servicio de la deuda.
El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, en su habitual conferencia de prensa semanal, la víspera, reconoció que mantener las tarifas implica un esfuerzo fiscal gigante todos los días y todos los meses, mientras dure una crisis mundial que no avizora un final próximo.
Al respecto, Fernández señaló que el programa de subsidio al combustible no debería alterar de manera significativa las proyecciones de crecimiento económico ni el perfil crediticio del país.
En un anterior comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que el Ejecutivo evalúa alternativas fiscales en caso de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue por los próximos diez meses, entre ellas ajustes en la programación de deuda.
Hasta febrero pasado, la deuda pública de Panamá supera los 60 mil millones de dólares, registrando un aumento significativo debido a la necesidad de financiamiento del déficit fiscal y proyectos de inversión.
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