La iniciativa había sido promovida por un conjunto de organizaciones sociales, científicas y gremiales vinculadas al mar y a la pesca que aducen daños medioambientales por las actividades de prospección sísmica.
Para su argumentación los demandantes aportaron un informe elaborado por científicos uruguayos y extranjeros que advierte sobre los posibles impactos de la prospección sísmica en el ecosistema marino.
El documento fue realizado por investigadores de la Universidad de la República, el Laboratorio de Ciencias del Mar, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, el Centro Universitario Regional del Este y el Instituto de Ciencias Oceánicas, junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El pasado viernes tuvo lugar la primera audiencia en el juzgado civil, instancia en la que se escucharon las defensas de los organismos demandados, entre ellos los ministerios de Ambiente, de Industria y de Ganadería, además de la petrolera estatal Ancap y las empresas encargadas de la investigación.
La sentencia consideró que “no surge acreditado en obrados la existencia de ilegitimidad manifiesta en el acto administrativo” que inició la prospección sísmica.
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