En horas de la tarde, se prevé el cierre de esta fase en la que se convocó a la ciudadanía a inscribirse y presentar su documentación para ser evaluada por el Comité de Postulaciones designado por la Asamblea Nacional (Parlamento) e integrado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

El último dato expuesto a finales de octubre por este órgano reveló la inscripción de 145 candidaturas, de ellas 123 interesados en asumir como parte de los 23 magistrados al TSJ, 18 para para la Inspectoría de Tribunales y cuatro por la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Finalizado este paso, el Comité procederá a la revisión de expedientes y requisitos, medición del baremo de evaluación y entrevistas a los candidatos, continuarán la publicación de los nombres y las impugnaciones.

Posteriormente, entre el 8 y 10 de diciembre será remitida la lista definitiva al Consejo Moral Republicano para su evaluación y se prevé la presentación de los candidatos elegibles ante el hemiciclo legislativo, el 11 de diciembre.

El baremo de evaluación funciona a una escala máxima de 100 puntos, distribuidos en 28 para la formación letrada y creación intelectual, 19 para la experiencia docente y académica, similares guarismos para las experiencias profesional y jurisdiccional, y 15 en el caso de las entrevistas.

En esta fase serán evaluados los aspectos de dominio constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial, además de los concerniente a la resolución de casos, independencia judicial, imparcialidad, solvencia ético-moral y propuestas operativas para la modernización de la gestión judicial.

Como parte del proceso, seguido de cerca por la mesa de diálogo político entre representantes del Gobierno y exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, quedó activado el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los postulados.

Este órgano técnico asesor de siete juristas de amplia trayectoria fue uno de los acuerdos alcanzados en el segundo ciclo de conversaciones, concluido en septiembre.

La misión del Consejo es la de constatar que los aspirantes cumplan estrictamente con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y el baremo de evaluación aprobado por unanimidad por el Comité .

A comienzos del presente año, la presidenta encargada Delcy Rodríguez lanzó la propuesta de transformar el sistema judicial de la nación para hacerlo más efectivo, desprenderlo de vicios y erradicar la criminalización de la pobreza.

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