El propio secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), quien ha sido vocero ante la Organización Internacional del Trabajo de la represión que enfrentan esos colectivos, mostró en las redes un video en el momento justo de la intervención arbitraria de agentes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, con el supuesto cargo de delitos fiscales.

Durante la exposición del material audiovisual, Andrade vinculó la diligencia con una supuesta acción de represalia política. “Consideramos que es una persecución de parte del gobierno que quiere seguir acallando al movimiento sindical”, afirmó.

Además sostuvo que el operativo se enmarca en un contexto más amplio de confrontación entre el Ejecutivo y organizaciones laborales, especialmente aquellas que han manifestado su rechazo a distintas políticas públicas.

Para mañana lunes, Conusi convocó a los medios de prensa a una conferencia para ofrecer detalles del nuevo atropello.

El líder sindical enumeró varios temas que, según dijo, forman parte de las luchas que mantiene el movimiento obrero.

Entre ellos mencionó el rechazo a la reapertura de la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que catalogó como inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.

Asimismo denunció que esta nueva represalia se comete contra quienes cuestionan el alto costo de la vida y las restricciones a la libertad sindical.

En su alegato, Andrade hizo referencia a la situación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), al denunciar detenciones de sus dirigentes y los intentos del Ejecutivo para disolver esa agrupación.

Además enfatizó que ninguna de esas acciones en su contra los van a detener y calificó de arbitrarias las acciones más recientes de la administración de José Raúl Mulino.

“Vamos a seguir enfrentando la dictadura que hoy tenemos que estar sufriendo los panameños”, remarcó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento ni sobre las declaraciones del líder obrero, en medio de un clima de tensiones entre sectores del movimiento popular y el Gobierno, signado por protestas, denuncias de persecución y debates sobre políticas económicas, laborales y sociales.

La víspera, dirigentes de diferentes agrupaciones comunitarias y sindicales, reunidos en la Universidad de Panamá, emitieron una declaración en la que rechazan la criminalización de la protesta social y la persecución política impulsada por el actual Gobierno.

En su mensaje, también resaltaron la necesidad de defender el derecho del pueblo a organizarse, movilizarse y luchar por condiciones de vida digna.

También condenaron de forma enérgica toda de forma de entrega de la soberanía y exigieron transparencia en los acuerdos que comprometan al país, en alusión al memorando de entendimiento en materia de seguridad, suscrito hace un año en esta capital por el Ejecutivo y la Secretaría de Defensa de Estados Unidos.

De otra parte, precisa el documento, los colectivos populares demandaron respeto a la Constitución, las decisiones judiciales y al Estado de Derecho, al referirse la crisis institucional que impera en Panamá.

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