A poco más de una semana de que concluya el período de sesiones ordinarias de la segunda legislatura, los debates sobre las normas que rigen el funcionamiento del primer poder del Estado depende de voluntad política, según analistas.

Para algunos diputados el documento no es la prioridad y otros estiman se podría aprobar antes del 30 de abril.

Una iniciativa que anda en el punto 142 de la agenda, estiman, tiene dos alternativas: la primera, que la propia directiva , presidida por el panameñista Jorge Herrera, lo ponga de primero en la lista; y la segunda, que un diputado solicite la alteración del orden del día para debatir los cambios, lo cual deberá ser aprobado por la mayoría de los 71 diputados.

La semana pasada la Comisión de Credenciales aprobó, en primer debate, el documento, que ahora pasaría al pleno, luego de la modificación de 18 propuestas presentadas por distintas bancadas.

Entre las reformas sobresale que el personal permanente, transitorio, por contrato de servicios profesionales o cualquier otra modalidad se publicará, en cumplimiento con las normas de transparencia, en la página web de la AN.

Las modificaciones al reglamento también responden a las críticas populares por las plantillas infladas(“botellas”) en esa institución, estableciendo evaluaciones dos veces al año al personal que, de no ser aprobadas, serían motivo de despido.

La norma es una amalgama de decenas de propuestas presentadas por distintos diputados de múltiples bancadas que han sido fusionados en uno solo.

Entre los puntos que han generado discusión se encuentran la exención de impuestos a diputados sobre la importación de vehículos, las sanciones a diputados que no asisten al pleno y el orden en el cuál se discuten los proyectos.

El reglamento interno de la Asamblea se aprobó originalmente en 1984, aún bajo el gobierno militar. Posteriormente, ha recibido múltiples modificaciones, siendo una de las más importantes la aprobada en 2010.

Los cambios al documento se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión y en una herramienta política dentro del parlamento.

De otra parte, el pasado 16 de abril, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que podría convocar a sesiones extraordinarias del legislativo para sancionar la llamada Ley de Sustentación Económica.

En su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario explicó que esa norma es vital para enfrentar en octubre una nueva verificación de la Unión Europea (UE), con el fin de que el istmo salga de una lista discriminatoria fiscal, en la que permanece desde 2019.

mem/ga