El proyecto contiene medidas como la revisión de bolsos y mochilas en la entrada de los establecimientos; otorga a los profesores facultades para imponer sanciones de carácter correctivo y disciplinario e incorpora penas por actos que causen la suspensión de clases.

También integra a los reglamentos de cada escuela la prohibición de usar gorros, capuchas o pasamontañas que dificulten la identificación de los alumnos.

Establece, asimismo, como un requisito para acceder a la educación universitaria de manera gratuita el no haber sido condenado por delitos que pongan en peligro la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o causen daños a la propiedad pública.

El texto genera polémica en el país, porque académicos y expertos afirman que se queda nada más en la periferia del problema al aplicar solo medidas punitivas, sin entrar a resolver las causas estructurales de la violencia escolar.

Respecto a la pérdida de la gratuidad en la educación superior, analistas señalan que contradice el principio de reinserción social después de cumplir una sanción judicial.

El proyecto de ley Escuelas Protegidas fue aprobado con 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones y ahora pasará al Senado para continuar su trámite legislativo.

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