La medida, avalada por el Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional, responde a la estrategia de la primera ministra, Sanae Takaichi, de fortalecer la industria de defensa en lo que su administración describe como el entorno de seguridad más crítico desde la Segunda Guerra Mundial.

Aunque el Ejecutivo no viola directamente la Constitución del país asiático con la decisión de permitir exportaciones de armas, sí golpea la interpretación pacifista del artículo nueve, que prohíbe a esta nación mantener fuerzas militares ofensivas.

El cambio marca un giro histórico en la política de posguerra y ha generado críticas internas y externas por desafiar la tradición pacifista.

Las modificaciones a los “tres principios sobre la transferencia de equipos y tecnología de defensa” eliminan las restricciones que limitaban las exportaciones a usos no bélicos como rescate, transporte o vigilancia.

De acuerdo con la agencia nipona de noticias Kyodo, aunque se mantiene la prohibición de exportar a zonas en conflicto, se contemplan excepciones “en circunstancias especiales”, sobre todo vinculadas a las necesidades de seguridad de Japón y a operaciones de Estados Unidos en el Indo-Pacífico.

La decisión, que prevé notificar al Parlamento solo después de la aprobación gubernamental, ha generado críticas de la oposición, que reclama un control legislativo previo para evitar que Japón contribuya a la escalada de conflictos o a la carrera armamentística.

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