La propuesta, que instituye la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, bajo relatoría del diputado Arnaldo Jardim, permanece en fase de ajustes finales y sin garantía de votación este miércoles, pese a su inclusión en la agenda legislativa.

Según reportes del portal Brasil 247, el texto aún no fue presentado formalmente, lo que mantiene la incertidumbre sobre su tramitación.

En paralelo, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha intensificado gestiones para postergar la votación, con el objetivo de ampliar el debate interno y evitar una aprobación acelerada de una materia considerada clave.

De acuerdo con un artículo del portal Carta Capital, la estrategia busca ganar tiempo para reordenar posiciones dentro del Ejecutivo y del Congreso, ante divergencias sobre el papel del Estado en el sector.

Uno de los puntos más sensibles del debate es que se excluyó la propuesta de crear una empresa estatal para este ramo, la Terrabras, defendida por miembros del Partido de los Trabajadores (PT) como herramienta de soberanía.

El líder del PT en la Cámara, Pedro Uczai, ha criticado que tal iniciativa quede fuera de las discusiones, al cuestionar tanto la rapidez de la tramitación como la orientación general de la propuesta.

Según afirmó en sus redes sociales, no es adecuado votar una normativa de esta complejidad justo después de un feriado largo y de manera remota, por lo que insistió en la necesidad de un debate más profundo.

El proyecto 2780/2024 crea el Comité de Minerales Críticos y Estratégicos y prevé incentivos fiscales, regímenes especiales de exportación y mecanismos de planificación del sector, con énfasis en la industrialización local.

Sin embargo, la polémica se ha intensificado por hechos recientes como la adquisición de la empresa Serra Verde, operadora de la única mina brasileña de tierras raras capaz de producir a escala ciertos elementos estratégicos, por parte de la compañía estadounidense USA Rare Earth. La reciente venta refuerza las preocupaciones sobre el control extranjero en la cadena de minerales, al ser vista por sectores críticos como un ejemplo de la creciente influencia de capitales internacionales en un segmento considerado fundamental para la transición energética global.

En ese contexto, distintos actores consideran que el disputado proyecto de ley debe centrarse en definir el grado de soberanía que Brasil mantendrá sobre sus recursos minerales.

Mientras el gobierno intenta equilibrar la apertura a inversiones con la preservación del control nacional, las posiciones dentro del Congreso permanecen divididas.

Según la Revista Fórum, al tiempo que la normativa excluye la creación de la estatal Terrabras, apuesta por mecanismos de incentivos al sector privado, incluyendo beneficios fiscales y exigencias de inversión en investigación y desarrollo.

Defensores del texto argumentan que la participación privada es esencial para atraer inversiones y desarrollar la cadena productiva, pero parlamentarios cercanos al Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva señalan que el modelo propuesto no garantiza suficiente control estatal ni asegura la protección de los intereses estratégicos del país.

En el plano internacional, el mandatario ha reiterado que Brasil no renunciará a la soberanía sobre sus recursos y ha subrayado la intención de establecer asociaciones internacionales sin perder control sobre los activos estratégicos.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados se mantiene en una situación de indefinición y todo parece indicar que el futuro del proyecto dependerá de negociaciones de última hora, en un contexto marcado por tensiones entre desarrollo económico, soberanía nacional y la creciente disputa global por estos recursos.

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