Durante el proceso, que reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito político digital, los ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino ya votaron por la condena, sin que hasta el momento haya algún pronunciamiento en contra.

La decisión final dependerá del voto de los otros siete integrantes del tribunal en un juicio que continuará hasta el 28 de abril, cuando se espera la conclusión del veredicto.

El caso se remonta a 2021, cuando Amaral presentó una queja criminal tras publicaciones en redes sociales en las que Eduardo Bolsonaro insinuó que un proyecto de ley impulsado por la diputada para la distribución de productos de higiene menstrual respondía a intereses empresariales y a un supuesto financiamiento privado.

Para el relator del caso, el juez De Moraes, esas afirmaciones excedieron el debate político legítimo y constituyeron una imputación ofensiva a la reputación de la parlamentaria.

En su decisión, el magistrado sostuvo que la conducta configura el delito de difamación, previsto en el artículo 139 del Código Penal brasileño, y subrayó agravantes como el hecho de que la ofensa fue dirigida a una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones y difundida a través de internet, lo que amplifica su alcance.

“La libertad de expresión no es libertad de agresión”, afirmó el ministro del STF, al remarcar que este derecho no ampara la difusión de contenidos falsos o lesivos contra la honra.

La pena propuesta es de un año de detención, con régimen que podría ser semiabierto o abierto según la interpretación final, además de 39 días-multa, calculados sobre la base de dos salarios mínimos por día, lo que supera los 80 mil reales (casi 16 mil dólares).

De Moraes también indicó que no sería posible sustituir la pena privativa de libertad por medidas alternativas debido a que el exdiputado se encuentra en “lugar incierto y no sabido”.

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), vive actualmente en Estados Unidos, adonde huyó debido al avance de procesos penales en su contra, indicó al respecto el portal G1.

oda/mar