La organización también pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar posibles actuaciones con implicaciones penales.
Esta solicitud fue presentada por el dirigente de la formación política Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en esta capital, acompañado de otros dirigentes.
Supérate es el principal programa estatal de asistencia social dirigido a familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
A través de transferencias monetarias y otros mecanismos de apoyo, procura contribuir a la alimentación, el acceso a servicios básicos, la educación y la inclusión económica de esos hogares.
Entre sus principales componentes figuran Aliméntate, que proporciona recursos para la compra de víveres, y Bonogás Hogar, destinado a contribuir al pago del combustible utilizado para cocinar.
También contempla ayudas para cubrir gastos de electricidad, incentivos educativos y bonos extraordinarios, como el que se entrega durante las Navidades.
El programa adoptó el nombre de Supérate en 2021, durante el Gobierno del presidente Luis Abinader, como continuación de iniciativas de protección social desarrolladas por administraciones anteriores.
Alburquerque denunció que la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, dispuso la incorporación de 300 mil hogares al componente Aliméntate y otros 400 mil a Bonogás, para un total de 700 mil inclusiones, cuyo costo anual estimó en ocho mil 196 millones de pesos (unos 137 millones de dólares).
El dirigente cuestionó que esas incorporaciones se realizaran sin una categorización previa del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), organismo encargado de identificar y clasificar los hogares en condiciones de pobreza para determinar su elegibilidad en los programas sociales.
También objetó la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, relativa al Bono Navideño, al considerar que establece procedimientos de selección y distribución que desplazan al Siuben de las funciones que legalmente le corresponden.
Reclamó que las autoridades presenten las evaluaciones socioeconómicas que sustentan la selección de los beneficiarios y permitan comprobar que las ayudas llegan efectivamente a los sectores de menores ingresos.
Aclaró que su organización no cuestiona la existencia de los subsidios ni la asistencia estatal a las familias necesitadas, sino su eventual utilización con propósitos políticos y electorales.
La Fuerza del Pueblo reclamó que la asignación de los recursos públicos destinados a la protección social esté sujeta a criterios verificables de vulnerabilidad, controles institucionales y transparencia.
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