De acuerdo a los datos oficiales, el incremento sostenido de pedidos en los últimos años derivó en un cuello de botella administrativo que aún no logra resolverse.

El volumen de solicitudes acumuladas refleja una presión creciente sobre la capacidad institucional para procesar los trámites, en un contexto donde Uruguay continúa siendo un destino elegido por migrantes que buscan regularizar su situación.

Csukasi explicó que el país venía atendiendo estas solicitudes a través de programas vinculados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que contaban en gran parte con financiamiento de Estados Unidos.

Sin embargo, advirtió que “esa cooperación desapareció desde el año pasado”, lo que obligó al gobierno a reestructurar los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del sistema, informó el sitio Ámbito.

Uruguay debió “reubicar fondos para poder mantener el trabajo permanente”, dijo la viceministra, lo que añade complejidad a la gestión de los expedientes pendientes.

La falta de financiamiento externo impacta directamente en los tiempos de respuesta, en un sistema que ya operaba con limitaciones frente al aumento de la demanda, apuntó.

En 2024, el gobierno anterior implementó el programa de residencia por arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20 mil migrantes, que habían ingresado como solicitantes de refugio.

A pesar de estas medidas, el volumen de solicitudes pendientes continúa siendo elevado y representa uno de los principales desafíos en materia migratoria.

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