Los incentivos existentes para poder evaluar son objetivos, son perversos, subrayó en entrevista concedida esta mañana a Emisoras Unidas el abogado penalista y constitucionalista y columnista, José Raúl Robles.

Al querer la comisión o tener algún interés, implementan un sistema de gradación que únicamente va a calificar la experiencia, remarcó el también consultivo de la Asociación Primero Guatemala.

Cómo no va a tener la mayor puntuación la persona que ostenta el cargo, enfatizó el analista, quien abordó también el contexto que se da ahora con la decisión adoptada por la Corte Constitucional (CC).

Ese alto tribunal falló la víspera a favor de un amparo interpuesto y la postuladora regresará desde este viernes a la fase de evaluación de expedientes. “Si un comisionado decidiera cambiar su voto, perdería la confianza política de parte de los observadores y de la población”, afirmó Robles.

A partir de esa recalificación, la comisión debe continuar con las demás fases hasta llegar a la lista de los seis (candidatos), recordó, por su parte, el abogado Maco Canteo.

Con las 48 horas dadas, deberá verse si se mantiene la configuración de acuerdos para mantener la misma lista, aseveró con el mismo medio. Lo importante, acotó, más allá de esta decisión, es que esta empieza a marcar la tendencia o la correlación de fuerzas en la CC.

Luego del giro hacia la repetición de los méritos de los aspirantes al cargo de Fiscal General y titular del Ministerio Público (MP) de 2026 a 2030, varias voces expresaron aquí indignación y rechazo.

Decir que la experiencia como juez penal no vale para el cargo de fiscal es un absurdo, es una discriminación y obediencia a razones arbitrarias, puntualizó Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

La interpretación es antojadiza y un precedente casuístico excluyente por motivos eminentemente políticos y no legales, añadió, citado por el estatal Diario de CentroAmérica.

Es una afrenta al procedimiento de postulación y marca una pauta para el resto de procesos al dejar sin valor a personas que ejercen la abogacía a través de la judicatura, comentó la directora de la organización Be Just, Andrea Rabanales.

A su juicio, “es una decisión con evidentes implicaciones políticas que aspira eliminar a determinados perfiles que podían ser alternativas viables para la Fiscalía General”.

El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, precisó que revisar las notas puede retrasar, por lo menos, dos días el proceso, pero no debería haber grandes cambios.

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