La Comisión de Educación de la Cámara Alta escuchó a la titular de Educación, María Paz Arzola, quien afirmó que los profesores y equipos escolares tienen dificultades para mantener la seguridad en las salas.

Además, gestionar denuncias por hechos consumados requieren una gran carga administrativa y sólo el 20 por ciento de los casos termina con una sanción, dijo.

Arzola reconoció que ocurren 43 delitos anuales como promedio dentro de los establecimientos, entre ellos atentados contra la vida y otros hechos vinculados con armas o drogas.

La ministra hizo alusión a algunas de las medidas contenidas en el texto, entre ellas la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias que serán hechas en una sala aparte y con personal específico. Agregó que esto posiblemente no sea necesario en todos los colegios.

Tras la exposición, la senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, señaló que el proyecto interpreta la violencia escolar como un problema de seguridad pública, cuando en realidad se trata de un fenómeno social y educativo estructural.

Agregó que la iniciativa no comprende un presupuesto adicional, por lo que la implementación de los nuevos procedimientos, incluyendo la contratación de profesionales psicosociales, dependerá de la capacidad económica de cada escuela.

Para Rojo Edwards, del Partido Republicano, hay que reaccionar cuando se producen actos de violencia, independientemente del enfoque preventivo, y sugirió que los padres asuman responsabilidades cuando no adopten medidas para evitar que sus hijos cometan delitos.

Su colega Cristian Vial aseguró, incluso, que es sensato convocar a Carabineros y añadió que no exceden sus funciones cuando actúan en un recinto educativo.

Una de las principales críticas al proyecto de Escuelas Protegidas es que se queda nada más en el enfoque punitivo de la violencia, sin proponer medidas destinadas a resolver las causas profundas del problema.

Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, llamó a combinar las sanciones con el trabajo comunitario y advirtió que una ley como esa, sin financiamiento, no llegará muy lejos porque no todo se resuelve revisando mochilas.

El presidente de la Comisión, Gustavo Sanhueza, reconoció que la norma como está planteada, no soluciona el problema de la convivencia, porque hay múltiples factores que intervienen.

Sobre la expulsión y traslado a otro establecimiento de estudiantes que cometan hechos de violencia, opinó que no se saca nada con cambiar a un alumno de sitio, sin generar una instancia de acompañamiento.

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