En este caso, según reveló el tribunal de justicia transicional, la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó dos patrones de macrocriminalidad que explican cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país.
Por los referidos delitos, cometidos tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares, y que incluyen incursiones y masacres, fueron acreditadas 738 víctimas.
La JEP identificó un universo provisional, acotado entre 1978 y 2016, de 565 casos de violencias basadas en género de la fuerza pública contra la población civil, con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
El primer patrón identificado corresponde a ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, en tanto el segundo comprende castigos o disciplinamientos, facilitadas por el despliegue, la presencia o el dominio territorial de integrantes de la fuerza pública.
El tribunal imputó a los 18 comparecientes crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos persecución por motivos de género como esclavitud, violación, asesinatos y homicidios, tortura, tratos crueles, desaparición forzada y traslado forzoso de la población y desplazamiento de civiles.
La sala identificó asimismo factores que facilitaron estas violencias, como la ausencia o insuficiencia de políticas y mecanismos institucionales para prevenirlas y responder a ellas, y la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció la dominación y la discriminación por género.
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