Desde Unidad Popular, su presidente, Geovanny Atarihuana, arremetió contra la entidad electoral, a la que calificó como “operadora política de (Daniel) Noboa” luego de haber aprobado este domingo la anulación de las dos organizaciones..

Asimismo, sostuvo que “la resolución del CNE está fuera de plazo y por eso es nula” y argumentó que la medida viola el Código de la Democracia, al haberse adoptado después del límite legal de 120 días previos a la convocatoria electoral.

Atarihuana aseguró que su organización cuenta con más de 206 mil afiliados y que las desafiliaciones registradas “representan menos del uno por ciento del total”, por lo que, a su criterio, no hay motivo justificado para su cancelación.

El dirigente anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y organismos internacionales, además de movilizaciones, incluida una marcha el próximo 1 de mayo.

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, también cuestionó cómo el CNE, cuyos integrantes están en los cargos desde 2019, operan para la proscripción partidista bajo el mandato de Noboa.

“El proceso electoral 2026 es fraudulento, lo advertimos”, subrayó la líder de la RC, partido opositor que está suspendido temporalmente como consecuencia de un fallo del TCE que consideran irregular.

Por otro lado, otros grupos sociales como el colectivo Yasunidos criticaron la decisión y la consideraron como un acto “irregular” que afecta al sistema democrático.

Según la organización, estas decisiones evidenciarían un uso progresivo de las instituciones para limitar la participación política y el pluralismo, además de advertir sobre el rol del CNE, presidido por Diana Atamaint, al que acusa de actuar de forma alineada con el Ejecutivo.

“Hoy se sanciona a organizaciones políticas; mañana puede alcanzar a cualquier expresión ciudadana”, alertó Yasunidos.

En la misma línea, el colectivo Rumbo Plural rechazó la cancelación de ambas organizaciones y la suspensión previa de la RC, al advertir que el CNE y el TCE incumplen los plazos legales, lo que, a su juicio, evidencia una “peligrosa judicialización de la política”.

También se pronunció Leonardo Berrezueta, director provincial del movimiento RETO en Azuay, quien consideró que la estrategia del Gobierno sería “tener una cancha en la que juegue solo”.

“Cuando la competencia se reduce en la mesa, las urnas pierden peso”, afirmó el exasambleísta al cuestionar en entrevista con una radio local la exclusión de organizaciones del registro electoral.

Todo este debate se produce a siete meses de las elecciones seccionales, adelantadas para el 29 de noviembre, fecha en que los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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