A solo tres días de que cierre el periodo de sesiones ordinarias de la segunda legislatura, los diputados evaluarán el Proyecto de Ley 443, impulsado por el Órgano Ejecutivo, que busca restablecer el marco legal para mezclar el etanol (10 por ciento) con las gasolinas en el istmo.

Para el diputado Ernesto Cedeño, Brasil es el principal referente mundial en el uso del bioetanol y explicó que mantiene un esquema obligatorio de mezcla que oscila aproximadamente entre 20 y 27 por ciento, con una producción suficiente y modelo robusto.

También el panameñista José Luis Varela respaldó la iniciativa y aseveró que no tiene un impacto negativo en el consumidor y no encarece la gasolina.

Sin embargo, algunos medios de prensa señalan que élites de poder empresarial y financiera, , además de funcionarios públicos, están interesados en que se apruebe la norma.

Entre los nombres que enfrentan las mayores críticas sobresalen el actual contralor de la República, Anel Flores; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y la familia de los expresidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela( 2014-2019), que administran ingenios.

Según el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, entre los ingenios que manifestaron interés en la futura ley están Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio Azucarero La Victoria y Central Azucarero de Alanje (Cadasa), todos relacionados con representantes de la política o personas cercanas.

De otra parte, mientras se mantiene el debate sobre la obligatoriedad —que ha generado rechazo en un sector de la población por posibles daños a los automóviles y por una eventual afrenta al derecho del consumidor a elegir—, así como las dudas sobre un posible beneficio ambiental, también un grupo del sector productivo se mantiene a la expectativa, con esperanza.

Entre quienes adversan el proyecto está el diputado independiente Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, quien aseveró que cualquiera que tenga un negocio relacionado con el bioetanol lo va a defender a capa y espada y subrayó además que la producción de etanol no es amigable con el medio ambiente.

Opinó que de esa manera se traslada la contaminación a la producción del bioetanol. “Esto no es un tema de querer ayudar al medio ambiente, sino de asegurarle un negocio por varias décadas a tres o cuatro. Al final, las consecuencias las paga el pueblo panameño”, remarcó.

Otro diputado de Vamos, Lenín Ulate, recordó una nota remitida por el Ministerio de Ambiente, en la que asegura que la iniciativa no establece criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental para la producción del biocombustible.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10 por ciento de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

La mezcla sería obligatoria una vez entre en vigor el Programa de Biocombustibles, cuya fecha de implementación quedará en manos de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), según establece el propio texto legal.

De acuerdo con la propuesta, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos.

La iniciativa concentra en la SNE la facultad de otorgar los permisos para producir, almacenar, transportar y comercializar bioetanol.

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