Según un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la normativa, sancionada el pasado 25 de marzo por el Congreso Nacional, mejorará la formalización, pero su impacto en la generación de puestos de trabajo y mejora de ingresos será limitado.

El informe académico advierte que la legislación permitirá formalizar trabajos por horas y ampliar la cobertura de seguridad social, aunque no generará cambios significativos en la creación de empleo total ni en las ganancias económicas de la mayoría de los hondureños, enfatizó.

Subraya que el principal desafío de esta nación centroamericana no es el desempleo, que en 2025 se ubicó en 4,9 por ciento, sino la subocupación, especialmente por ingresos insuficientes, que alcanza un preocupante 33,4 por ciento.

Esto significa que, aunque muchas personas tienen trabajo, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, una realidad que la nueva ley no resolvería de fondo, agregó la casa de altos estudios, con sede en Tegucigalpa.

De acuerdo con la UNAH, la Ley permitirá ampliar la cobertura de seguridad social y ordenar un segmento del mercado laboral que actualmente opera en la informalidad.

La norma establece jornadas de entre 18 y 32 horas semanales, con salario proporcional no menor al mínimo y acceso a prestaciones laborales, incluyendo afiliación al seguro social.

Sin embargo, la academia alerta que esta modalidad no crea empleo por sí sola, pues su efectividad depende del crecimiento económico, la inversión y las condiciones generales del mercado.

Además, el análisis señala que persiste el riesgo de que empresas sustituyan empleos de tiempo completo por parciales, lo que podría precarizar aún más las condiciones laborales si no existe una supervisión gubernamental efectiva.

La UNAH insiste en que Honduras necesita medidas más profundas y complementarias, orientadas a aumentar la productividad, reducir la informalidad y mejorar los salarios.

El flamante precepto viene a llenar el espacio dejado por la Ley de Empleo por Hora (2013), derogada en abril de 2022, tres meses después del inicio del gobierno progresista de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

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