Esas fuerzas son la Central Obrera Boliviana (COB), que realizará un cabildo en el municipio de El Alto este viernes; los transportistas, con un paro escalonado desde el próximo martes; los campesinos e indígenas, con una marcha hacia La Paz; y el magisterio, que también avanza hacia la capital política del país con el objetivo de asistir al cabildo convocado por la COB.

La central sindical llamó a sus afiliados a la manifestación en El Alto este 1 de mayo, en una concentración que tendrá como escenario la avenida Panorámica.

Según los organizadores, la convocatoria tiene lugar ante la negativa del Ejecutivo de atender su pliego de demandas, rechazado en un 80 por ciento y sin responder en 20 puntos porcentuales.

El principal reclamo de la COB era un incremento salarial del 20 por ciento, lo cual fue refutado de plano por los empresarios con el apoyo de los representantes gubernamentales.

La COB denunció este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) niega la presencia de sus observadores en el cabildo con el objetivo de deslegitimar esa forma de deliberación popular.

“Nos niegan los veedores para el cabildo del 1 de mayo, de manera anticonstitucional. En este sentido, una vez más denunciamos también a la comunidad internacional que en Bolivia se están vulnerando los derechos fundamentales (…)”, advirtió este jueves a las puertas del TSE el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

El líder sindical proclamó ante decenas de personas que, con esa decisión, se violan los derechos fundamentales de los trabajadores bolivianos.

Paralelamente, el miércoles último, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció tras un ampliado realizado en Santa Cruz de la Sierra que desde el próximo 5 de mayo el sector iniciará un paro escalonado.

Las demandas de este gremio incluyen una solución al abastecimiento de combustible de calidad, el resarcimiento económico debido al daño generado en miles de motores por la denominada “gasolina basura”, la mejora de carreteras del país y el rechazo a una eventual privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el líder de este gremio, Lucio Gómez.

Otra protesta protagoniza una marcha iniciada hace 23 días por indígenas y campesinos procedentes de los departamentos de Pando y de Beni, cuya exigencia principal es la derogación de la Ley 1720 que autoriza la conversión de la pequeña propiedad de la tierra en mediana y su hipoteca, lo cual es considerado por sus críticos como una puerta abierta a la expansión del latifundio.

Fuentes gubernamentales informaron este jueves que la movilización se debilitó debido a que los indígenas de Pando aceptaron el diálogo que encabezó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

Sin embargo, los marchistas son esperados este viernes en el departamento de La Paz.

Por su parte, el sector del magisterio también protesta contra el Gobierno en una marcha iniciada en la localidad de Achica Arriba, Calamarca, cerca de la urbe alteña, y debe culminar cuando esta fuerza se sume este viernes al cabildo convocado por la COB.

El jueves de la semana anterior, el diálogo entre estos sindicalistas y la ministra de Educación, Beatriz García, quedó interrumpido ante las respuestas negativas de esta autoridad a la demanda de incremento salarial de este sector.

Frente a todo este panorama convulso, el sábado último el presidente Rodrigo Paz aseguró en sus redes sociales que no teme a las movilizaciones y que su principal preocupación es no poder ofrecer soluciones para el futuro del país.

“Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos. No me asusta el movimiento en las calles, lo que realmente me preocupa es que no seamos capaces de ofrecer soluciones reales para el futuro de nuestra patria”, escribió el dignatario en su cuenta oficial de Facebook.

car/jpm