A través de un comunicado, el Gobierno de RDC expresó su gratitud a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y consideró la decisión como parte de los esfuerzos por cumplir los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Washington.
Agregó que la RDC “alienta a adoptar medidas disuasorias contra todos los perpetradores, instigadores, simpatizantes y cómplices de la inestabilidad y la inseguridad en la región de los Grandes Lagos” y sostuvo que ningún proceso de paz puede prosperar sobre la evasión de responsabilidades, la impunidad y el olvido de las víctimas.
El portavoz gubernamental, Patrick Muyaya, señaló que las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, anunciadas la víspera, tienen implicaciones operativas, pues restringen la movilización financiera, la transferencia de activos y la capacidad de apoyo logístico que podrían alimentar y prolongar la guerra.
Recordó que Kabila fue condenado a muerte a finales de septiembre pasado por el Tribunal Militar Supremo de la RDC, también por su apoyo a las AFC/M23 que continúa causando pérdida de vidas, desplazamientos forzados de población, destrucción y graves violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Kabila presuntamente proporcionó apoyo financiero a las Fuerzas Armadas de la RDC para influir en la situación política en el este del país e incitó a los soldados a desertar y unirse a las filas rebeldes.
Agregó que intentó también lanzar ataques desde el extranjero y trabajó para impulsar a un candidato opositor al presidente en funciones con el fin de recuperar influencia sobre el gobierno congoleño.
Las sanciones impuestas por estos motivos incluyen la congelación de todos los activos e intereses de Kabila bajo jurisdicción estadounidense, así como los de las entidades en las que posee el 50 por ciento o más de las acciones.
Igualmente se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con el expresidente congoleño, salvo con una licencia general o específica de la OFAC. Quienes incumplan estarán sujetos a sanciones civiles o penales, incluso para personas no estadounidenses en caso de eludir la ley.
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