El órgano legislativo creó el pasado 21 de abril una comisión preliminar para dar paso a esta iniciativa, que continúa este lunes y mañana con las entrevistas a los 91 aspirantes que presentaron sus credenciales y cuyos nombres fueron divulgados el sábado último.
Del total de solicitantes, 41 ciudadanos fueron postulados por las organizaciones de la sociedad civil y 50 por iniciativa propia, quienes cumplieron con los requisitos de la ley de conformidad con el artículo 270 de la Constitución nacional, según la comisión preliminar.
Así como lo establecido en los artículos 64, 65, y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El documento divulgado indicó que con ello también dio inicio el período de impugnaciones que se extenderá hasta mañana y, una vez vencido este lapso, la comisión preliminar se pronunciará sobre la admisión de las posibles objeciones, las cuales deberán presentarse por escrito y pruebas fehacientes.
Giussepe Alessandrello, presidente de la comisión preliminar, informó días atrás que la lista con los postulados fue publicada en medios de prensa nacionales, las redes sociales y la página web de la Asamblea Nacional
De acuerdo con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy serán entrevistados un primer grupo de 30 personas y mañana lo harán con los restantes postulados.
Este miércoles quedará elaborada la lista definitiva de los elegibles, la cual presentarán a la plenaria del legislativo, que se encargará de elegir a 10 ciudadanos quienes junto a 11 diputados conformarán el Comité de Postulaciones, que tendrá la misión de seleccionar los cargos para el sistema de justicia.
A finales de abril, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, declaró que, por distintas circunstancias, jubilación, renuncia u ocupar otras responsabilidades, “hay algunas plazas vacantes” entre los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
Rodríguez puntualizó que la comisión preliminar debe actuar en el marco del “proceso profundo” de reforma judicial que inició la Comisión para la Convivencia y la Paz creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía.
Afirmó que Venezuela debe convertirse en un movimiento por la paz y la justicia, y que esta última “se convierta en la reina de las virtudes republicanas” para que, desde la justicia, se garantice la paz y el futuro del país como una nación independiente, libre y soberana.
Este proceso se enmarca en la propuesta presentada por la gobernante encargada a finales de enero en la apertura del Año Judicial 2026 y presentación de gestión en 2025 del TSJ, donde anunció la decisión de convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia.
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