La legislación surgió tras un grave incidente ocurrido en marzo reciente en un establecimiento de la ciudad de Calama, en la norteña región de Antofagasta, donde un estudiante de 18 años mató con un arma blanca a una inspectora y causó heridas a otras cuatro personas.

El 7 de abril el Gobierno presentó al Congreso Nacional la versión inicial del proyecto de ley.

La iniciativa recibió numerosas críticas por poner el acento sólo en las medidas punitivas y dejar de lado el tratamiento de las causas sociales y económicas que generan la violencia.

En los primeros días de junio el Órgano Legislativo aprobó definitivamente la ley, pero diputados opositores hicieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, donde se declararon contrarias a la Carta Magna varias de las medidas.

Figuran entre ellas la obligación de que efectivos de Carabineros o de la Policía de Investigaciones tuvieran a su cargo la revisión de mochilas y bolsos en la entrada de los colegios, o la eliminación de la gratuidad universitaria a quienes hubiesen sido sancionados por violencia escolar.

En la normativa promulgada por el presidente Kast este miércoles queda a discreción de cada colegio la inspección de las pertenencias de los alumnos al ingresar al centro, así como evitar el uso de ropa que pueda impedir la identificación del alumno.

Dicho procedimiento deberá realizarlo personal capacitado, no incluye revisiones corporales ni de vestimenta y en todo caso debe respetar derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso.

También otorga facultades a los docentes para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas o disciplinarias destinadas a mantener el orden dentro del salón de clases.

De acuerdo a informes entregados por Carabineros, en 2005 ocurrieron en Chile 893 delitos vinculados al porte de armas en establecimientos educativos.

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