“No está en manos del Gobierno abrogar una ley. Eso corresponde a la Asamblea; además, la propia norma surgió como una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. No obstante, somos plenamente conscientes de que el tema de la tierra debe discutirse amplia y profundamente en Bolivia”, afirmó Lupo respecto a la protesta instalada en el centro de La Paz.

Tras 28 días de marcha desde los departamentos de Pando y Beni, los cientos de marchistas indígenas y campesinos entregaron este lunes su demanda central en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo): la abrogación de la Ley 1720, que establece la conversión de la pequeña propiedad en mediana y su posible hipoteca.

Los críticos de esta normativa consideran que beneficia solo a la oligarquía del negocio agroindustrial y constituye una puerta abierta a la expansión del latifundio.

El contingente de indígenas y campesinos de Beni y Pando ingresaron la víspera a la sede de Gobierno tras recorrer más de 100 kilómetros desde las tierras bajas hasta el altiplano con la convicción de que la Ley 1727 amenaza sus derechos territoriales.

“Nosotros no necesitamos reunirnos con los ministros; necesitamos reunirnos con (el presidente) Rodrigo Paz. Le damos un plazo de 24 horas”, aseguró el dirigente Faifer Cuajera tras dejar el documento en la sede gubernamental.

A lo largo del recorrido, ministros y viceministros intentaron infructuosamente en tres ocasiones disolver la marcha con la promesa de acuerdos, sin embargo, campesinos e indígenas reiteraron el criterio de que solo regresarán después que la 1720 sea abrogada.

Paz promulgó la normativa criticada por los sectores populares el 8 de noviembre último ante los grandes hacendados de la agroindustria cruceña, sin tener en cuenta que en esa misma fecha se iniciaba la marcha en el departamento de Beni.

Con la intención de atenuar la inconformidad de los manifestantes, el Ejecutivo aprobó, posteriormente, el Decreto Supremo 5613, que reconoce el derecho sobre la pequeña propiedad agraria y dispone la dotación ágil de tierras en Beni y Pando.

Sin embargo, los cientos de marchistas que permanecen movilizados en La Paz consideran que ese decreto es insuficiente e insisten en la derogación total de la 1720. Los marchistas aseguraron este martes que permanecerán en la capital política del país hasta que atiendan sus demandas, y no descartaron iniciar una huelga de hambre.

Por el momento, pernoctan en espacios de la Universidad Mayor de San Andrés, y anuncian que protestarán diariamente en las calles.

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