El texto prevé la creación de un comité vinculado al Consejo Especial de Minerales Críticos y Estratégicos, órgano de asesoramiento presidencial que definirá cuáles recursos minerales serán considerados claves para el país y podrá analizar cambios de control societario en empresas del sector.
La iniciativa incluye además incentivos gubernamentales, prioridad de licenciamiento para proyectos mineros y la creación de un Fondo de Garantía de la Actividad Minera con aporte inicial de dos mil millones de reales (405 millones de dólares) por parte de la Unión, monto que podría alcanzar hasta mil millones de dólares.
El debate parlamentario estuvo marcado por preocupaciones sobre la soberanía nacional en torno a minerales críticos y tierras raras, insumos que son fundamentales para usos como turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, automóviles eléctricos y sistemas de defensa. La Agencia Brasil destacó que el país posee cerca de 21 millones de toneladas de reservas conocidas de tierras raras, la segunda mayor cifra mundial después de China, aunque especialistas estiman que el potencial real podría ser mucho mayor debido a que solo una parte limitada del territorio nacional fue mapeada.
Durante el debate, la diputada Jandira Feghali cuestionó que el proyecto no establezca límites claros a la participación de capital extranjero en la explotación de minerales estratégicos y defendió mecanismos más sólidos para garantizar el desarrollo tecnológico nacional.
También fue mencionada la venta de la minera Serra Verde, en el estado de Goiás, a la empresa estadounidense USA Rare Earth, operación criticada por sectores políticos que consideran insuficiente el control estatal sobre activos estratégicos.
El relator del proyecto, Arnaldo Jardim, afirmó que el texto busca evitar que Brasil continúe siendo solo exportador de materias primas y promueve el procesamiento industrial y tecnológico dentro del país.
Tras negociaciones entre los partidos, el informe incorporó además la obligación de consulta y consentimiento previo, libre e informado a pueblos indígenas y comunidades tradicionales afectadas por proyectos extractivos.
La bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados consideró que la aprobación del texto base representa un avance para fortalecer la capacidad del Estado brasileño de supervisar operaciones empresariales y acuerdos internacionales vinculados a minerales estratégicos.
No obstante, el bloque oficialista sostuvo que continuará defendiendo la creación de una empresa pública nacional para el sector y mecanismos más estrictos de control sobre recursos considerados fundamentales para la seguridad económica y tecnológica del país.
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