Tomaz Jr. llegó al aeropuerto Aeroparque, en Buenos Aires, para realizar trabajos periodísticos, pero las autoridades migratorias le impidieron ingresar al país.

El comunicador, residente en Brasilia, afirmó que nunca recibió notificación previa sobre la revocación de su permiso.

Según dio a conocer el periodista, la cancelación de la residencia ocurrió el 5 de agosto, una semana después de su salida del territorio argentino y durante un período de fricciones con militantes y funcionarios vinculados al Gobierno de Milei.

Esa medida se fundamentó en un supuesto incumplimiento de las condiciones exigidas para conservar el estatus migratorio de residencia permanente, que el profesional obtuvo en enero de 2022.

Las autoridades consideraron que había dejado de cumplir los requisitos vinculados con su permanencia en territorio argentino, argumento que él cuestionó al señalar que continuó viajando al país y que permaneció allí 36 días durante 2026.

El caso ocurre después de los ataques en la red social X contra el periodista por parte de Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, quien pasó de ser un influyente comunicador afín al oficialismo a ocupar el cargo de director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia argentina y asesor directo de Milei.

Tomaz Jr. relacionó la decisión migratoria con esos enfrentamientos y consideró que constituye una represalia por sus críticas. “Estoy pagando las consecuencias de la escalada autoritaria del Gobierno de extrema derecha de Javier Milei”, declaró a la revista brasileña Forum.

El periodista cubre la realidad argentina y documenta los efectos económicos y sociales de las políticas de ajuste fiscal, privatizaciones y recortes del gasto público impulsadas por la administración del mandatario de ese país, y también prepara un libro sobre la gestión de Milei, previsto para febrero de 2027.

La Federación Nacional de Periodistas de Brasil y el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal repudiaron la deportación y expresaron solidaridad con el comunicador.

Ambas organizaciones defendieron el derecho a ejercer el periodismo sin represalias por el contenido de las informaciones o las opiniones difundidas.

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