Según los reportes, el documento fue presentado este martes y ahora será analizado por ambas instituciones, en un procedimiento inédito en Brasil al involucrar la evaluación conjunta de la Fiscalía y la Policía Federal sobre una posible colaboración judicial.

Vorcaro, propietario del Banco Master, se encuentra en prisión preventiva desde el 4 de marzo, tras ser detenido durante la tercera fase de la Operación Cumplimiento Cero.

La investigación apunta a la supuesta comercialización de carteras de crédito fraudulentas al Banco de Brasilia, en un esquema que podría haber generado perjuicios de gran magnitud.

De acuerdo con la legislación brasileña, los acuerdos de delación premiada exigen que el implicado aporte pruebas sustanciales que respalden sus declaraciones, incluyendo documentos, grabaciones, fotografías u otros elementos verificables, indicó al respecto el portal Metrópoles.

En este caso, la defensa del empresario también prepara la entrega de anexos que organizarían los hechos investigados, los nombres de los implicados y los medios de prueba que serían presentados si el acuerdo avanza.

Tales anexos, que podrían ser formalizados en los próximos días, constituirían la base para una eventual negociación con las autoridades.

Entre los puntos a discutir figuran posibles reducciones de pena, el régimen de cumplimiento y la devolución de recursos al Estado en calidad de multa o resarcimiento.

Paralelamente, otro de los principales investigados en el caso, el expresidente del BRB Paulo Henrique Costa, también busca cerrar un acuerdo de colaboración.

Costa ya manifestó ante el Supremo Tribunal Federal su intención de negociar una delación y solicitó su traslado desde el complejo penitenciario de Papuda para facilitar las conversaciones con su equipo legal.

Las investigaciones forman parte de un entramado más amplio que también involucra a otros actores, incluidos funcionarios y allegados a Vorcaro, como su cuñado Fabiano Zettel, quien igualmente explora la posibilidad de colaborar con la justicia.

Las autoridades han señalado que la eventual concesión de beneficios dependerá de la calidad y eficacia de la información aportada, así como de su capacidad para esclarecer los hechos y recuperar activos.

El caso es considerado uno de los procesos recientes más relevantes en el ámbito financiero brasileño, por sus posibles implicaciones en el sistema bancario y en la relación entre entidades privadas y públicas.

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