Mediante un comunicado, las entidades valoraron primero la designación por parte del presidente del país, Bernardo Arévalo, del profesional, abogado y notario de amplia trayectoria, quien asumirá el cargo el próximo 17.
Nuestros pueblos exigen un MP al servicio de los más necesitados, cambios reales porque es menester recuperar la confianza del ente investigador del sistema de justicia para un debido proceso, acotaron.
Calificaron la llegada de García de histórica, en un contexto en el cual el país enfrenta una crisis en esa materia. El papel que desempeñe el también Fiscal General será determinante para avanzar en la justicia o para profundizar la impunidad, añadieron las partes.
Como mujeres indígenas organizadas, que históricamente hemos enfrentado exclusión, racismo, criminalización y barreras para acceder a la justicia, somos testigos de las carencias y debilidades en los juzgados, entre otras, describieron.
Consideraron urgente una transformación de fondo dentro de una institución clave para el Estado de derecho. Demandaron el cese a la criminalización y persecución de mujeres, líderes y lideresas indígenas, defensoras de derechos humanos y los colectivos de los pueblos.
Además, el fin del uso del sistema penal para perseguir a quienes defienden territorios, derechos colectivos y procesos organizativos. La persecución política no puede continuar bajo ninguna forma, señalaron.
Instaron a garantizar la independencia en la persecución penal, sin aceptar ninguna interferencia interna o externa en las decisiones del MP.
Asimismo, a investigar la corrupción sin selectividad, que priorice los casos de alto impacto vinculados a redes de corrupción, que todos los procesos sean transparentes respondiendo al interés público.
Reclamaron igualmente garantizar el acceso a la justicia con enfoque de género y pertinencia cultural, para asegurar investigaciones sin discriminación y que respondan a las realidades de las mujeres indígenas.
También transparencia en la gestión institucional y depuración del MP de todos aquellos elementos que durante ocho años se prestaron parar hacer de la institución un instrumento de coerción política y captura del sistema judicial.
Medios locales de prensa advierten que el nuevo Fiscal General 2026-2030 tiene una ardua tarea por delante, mientras exponen los grandes casos que deja la criticada Consuelo Porras y los posibles ejes para abordar el trabajo.
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