Las autoridades advierten que las estructuras criminales continúan aprovechando condiciones de vulnerabilidad familiar, abandono y falta de supervisión para reclutar a adolescentes en sectores dominados por grupos criminales, subrayó el diario La Hora.

Estas, remarcó, lejos de integrarlos inmediatamente, los captan de manera gradual a través de tareas consideradas “favores”, como vigilancia, cobros de extorsión o traslado de ilícitos, según investigaciones.

Sin embargo, amplió, conforme avanza el vínculo con las pandillas, algunos terminan involucrados en hechos armados, portación ilegal de armas y ataques contra integrantes de grupos rivales, una situación que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad y protección de la niñez.

Detalló, en base a datos de la Policía Nacional Civil (PNC), que trasladaron a los tribunales 872 en 2022, mil 25 al año siguiente, 715 en el otro periodo anual, 680 en el pasado y van 290 en el presente.

Pese a que las cifras reflejan una disminución contra los registros más altos reportados en 2023, el Ministerio de Gobernación reconoce que la situación continúa siendo de cuidado.

Admitió una presencia constante de adolescentes involucrados en dinámicas criminales vinculadas con estas estructuras, aunque aclaró que no todos los casos corresponden directamente a maras.

Ante este panorama, expuso el reporte, agentes de prevención del delito desarrollan charlas semanales dentro de establecimientos educativos en áreas consideradas de riesgo para la reflexión sobre las consecuencias del involucramiento en pandillas, el consumo de drogas y otras conductas negativas.

La cartera de Interior considera además que la participación familiar continúa siendo uno de los factores más importantes para detectar cambios de comportamiento.

Expertos locales sostienen que este es un fenómeno que puede atenuarse en Guatemala si se deja de ver únicamente como un problema policial y se aborda como una crisis de protección social.

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