El magistrado Alexandre de Moraes decidió paralizar temporalmente la aplicación de la norma hasta que el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue acciones interpuestas que cuestionan su constitucionalidad.

La legislación abre el camino a la reducción de penas de condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, incluidos Bolsonaro y otros implicados en la trama para revertir los resultados electorales de 2022.

Entre los críticos de la decisión estuvo el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien calificó la medida como una decisión autoritaria y afirmó que la democracia brasileña queda debilitada cuando un magistrado revoca una decisión aprobada por el Congreso.

También el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro, cuestionó la suspensión y sostuvo en redes sociales que no era razonable paralizar una ley vigente solo porque partidos y organizaciones cercanas al PT presentaron acciones de inconstitucionalidad ante el STF.

Por el contrario, dirigentes del PT y de fuerzas progresistas respaldaron la medida de Moraes y defendieron la necesidad de preservar el orden constitucional.

El líder del partido en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai, afirmó que la suspensión impide que una modificación legislativa “hecha a medida” reduzca inmediatamente las penas de quienes atentaron contra la democracia brasileña.

Añadió en redes sociales que el Congreso puede legislar, pero no puede usar la ley como escudo para quien intentó dar un golpe de Estado. «¡Y el ministro relator en el STF cumplió el papel de freno y contrapeso constitucional por medio del control de constitucionalidad».

La exministra de Relaciones Institucionales y diputada federal Gleisi Hoffmann calificó la ley de vergonzosa y sostuvo que un supuesto acuerdo político para beneficiar a Bolsonaro y sus aliados “no está por encima de la Constitución”.

En igual sentido, el diputado Lindbergh Farias celebró la decisión del STF como una “victoria de la democracia” y sostuvo que el Parlamento no puede legislar para beneficiar a criminales condenados. «Aquello era un ultraje al STF, a la Constitución y al pueblo brasileño».

A su vez, la diputada Fernanda Melchionna, de la federación PSOL-Rede, destacó que su agrupación impulsó una de las acciones judiciales contra la ley y criticó que el Congreso trabaje para beneficiar a responsables de ataques contra las instituciones.

De Moraes fundamentó la suspensión de la normativa en la existencia de dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad presentadas por ese grupo de partidos y por la Asociación Brasileña de Prensa, que cuestionan puntos de la legislación por considerar que debilitan la protección penal del Estado democrático de derecho.

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