El gobierno local verificará los contratos y, en caso de derivar en acciones legales, recompensará al denunciante.

La medida se adopta tras cuatro años consecutivos en que Ibaraki registra el mayor número de extranjeros indocumentados en el país asiático.

Según sostienen autoridades, la iniciativa busca frenar abusos laborales, aunque organizaciones civiles y un colegio de abogados advierten que puede fomentar discriminación y división social.

El gobernador Kazuhiko Oigawa defendió el plan, pues consideró una responsabilidad fundamental corregir actos ilegales y asegura que no se trata de excluir a los extranjeros en una nación con grave escasez de mano de obra.

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