La denominada Ley de Sustancia Económica es impulsada por el Gobierno y busca cumplir con estándares internacionales frente a la UE, que desde 2021 mantiene al istmo en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales.
El proyecto modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.
Establece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.
La propuesta refuerza el principio de territorialidad y busca desincentivar el uso de esquemas corporativos que no generan operaciones ni valor económico real en el territorio nacional.
Para el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la permanencia del istmo en esos listados de la UE conlleva riesgos crecientes para la reputación como nación, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo.
El funcionario explicó que la evaluación de cada caso corresponde a la autoridad competente y no a la cartera económica, pero subrayó que estas situaciones reafirman la necesidad de contar con medidas que garanticen operaciones reales y transparentes.
Panamá enfrenta el reto de fortalecer su imagen internacional y salir con decisión a conquistar inversiones en un entorno global cada vez más competitivo.
Así lo plantean también líderes del sector empresarial, quienes coinciden en que el país debe acelerar reformas, consolidar consensos y proyectar confianza para asegurar crecimiento sostenible.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giula De Sanctis, indicó a la prensa que el mundo actual no basta con tener una posición geográfica privilegiada o ventajas logísticas.
Los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras, por lo que Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en uno de los activos más importantes para atraer inversión sostenible, empresas serias y operaciones reales que generen empleo, transferencia de conocimiento y valor agregado.
Para De Sanctis, la aprobación de esta iniciativa permitiría seguir alineando al país con estándares internacionales, al tiempo que contribuirá a mejorar la percepción de riesgo que todavía enfrenta al permanecer en la lista de la UE de países no cooperantes en materia fiscal.
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