Este es uno de los principales sitios de memoria del país, donde se resguarda documentación sobre las atrocidades cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), así como de la historia de muchas de las víctimas.
La instalación está ubicada en el que fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en Chile durante la dictadura, y funcionó bajo el control de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) entre 1974 y 1978.
Por allí pasaron más de cuatro mil 500 prisioneros políticos, de los cuales al menos 241 fueron asesinados o permanecen desaparecidos.
La demora en la entrega del financiamiento, inédita y profundamente preocupante, provoca dificultades en el pago de remuneraciones, así como de servicios esenciales para mantener abiertas nuestras puertas, afirma un comunicado divulgado este lunes por la Corporación.
El motivo, señala el documento, es que el convenio de colaboración y transferencia de recursos para el año 2026, aún sigue en la Contraloría General de la República en el proceso de toma de razón.
La entidad devolvió con observaciones en tres oportunidades el texto y todas fueron subsanadas y, sin embargo, el proceso no avanza.
Advierte la Corporación que, de mantenerse este escenario, existe un riesgo real de cese parcial o total de sus actividades, con un fuerte daño al trabajo de memoria, educación en derechos humanos y vinculación con la comunidad desde hace más de tres décadas.
El Parque por la Paz Villa Grimaldi fue el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en América del Sur tras el término de la dictadura cívico militar.
Actualmente está consolidado como un sitio de referencia en Chile y a nivel internacional y solo durante el año pasado más de 25 mil personas lo visitaron, de ellas unos ocho mil estudiantes que participaron en actividades educativas y recorridos pedagógicos.
“El derecho a la memoria no pertenece únicamente a las víctimas y sus familias, sino a toda la sociedad. Su preservación constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad y el negacionismo y forma parte del derecho colectivo a conocer la verdad”, cierra el comunicado.
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