El Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano confirmó este martes la captura del exedil y de Héctor Méndez, ambos considerados responsables del delito de asesinato.
Activista y concejal de 46 años, López fue ultimado a balazos la noche del 14 de septiembre de 2024 tras salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa, en la región caribeña de Colón, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En los últimos meses, las autoridades hondureñas reportaron la captura de varios sospechosos vinculados al caso. Además, uno de los imputados aceptó participar en el magnicidio bajo una figura de reducción de condena, según reportes judiciales divulgados en 2025.
El crimen del ambientalista y defensor de los derechos humanos, quien se oponía a una mina a cielo abierto en una reserva forestal en el noreste de Honduras, fue condenado por Naciones Unidas y por el papa Francisco.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió en agosto de 2025 la captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales de su vil asesinato, hecho que calificó de crimen por encargo.
“La justicia plena solo llegará cuando se actúe contra todos los responsables, especialmente quienes financian y planifican estos crímenes”, subrayó la organización.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) destacó la importancia de esclarecer los hechos relacionados con su muerte.
Además, pidió investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos generados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, del cual López era defensor.
“Solo mediante investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, y la sanción de todos los responsables, se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para Juan López, las víctimas y las comunidades afectadas”, señaló en su momento la Oacnudh.
Este crimen evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Por su magnicidio, ampliamente condenado a nivel internacional, fueron procesadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que impulsaba la construcción, en territorio de la etnia lenca, de la hidroeléctrica Agua Zarca.
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