Basta observar la portada del portal del Ministerio Público para entender la dimensión del problema.

Solo este martes aparecen seis hechos violentos: una mujer condenada por atacar con un bisturí a una niña de 11 años en una escuela de Azua; un hombre sentenciado por cercenar la mano de otro con un machete; un imputado por asesinar a su pareja en Santo Domingo Este; un agente policial acusado de matar a su compañera sentimental e intentar ejecutar a un familiar; y otro condenado por homicidio en Higüey.

Lo más preocupante es que no se trata de una jornada aislada. Son hechos que se repiten diariamente y que evidencian que la agresividad es parte de la cotidianidad dominicana.

Detrás de cada expediente hay familias destruidas, niños marcados por el trauma y comunidades que viven bajo temor e incertidumbre.

La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegará esta espiral de violencia y qué se hará realmente para detenerla?

Las respuestas no pueden limitarse únicamente a condenas judiciales después de ocurridas las tragedias. El país necesita políticas preventivas más efectivas, mayor atención a la salud mental, control de armas, educación en valores y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

También urge enfrentar la cultura de agresividad y criminalidad que se refleja en muchos espacios sociales, coinciden en señalar analistas.

Cuando incluso centros educativos y hogares se convierten en escenarios de ataques mortales, queda claro que el problema supera el ámbito policial y judicial.

Se trata de una crisis social que requiere una respuesta integral del Estado y de toda la sociedad.

Mientras los casos sigan acumulándose día tras día, la sensación de inseguridad crece y la violencia seguirá cobrando vidas en el país.

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