También decidió el mandatario que en la primera fase de implementación de las ZUT no se incluirán personas sobre las que pesen órdenes de captura con fines de extradición vigentes, y determinó que esa situación será objeto de evaluación posterior, de acuerdo con un comunicado divulgado en esta capital por la Consejería Comisionada de Paz.
Según la nota difundida, el jefe de Estado lideró una reunión con los delegados del Gobierno Nacional para los procesos en curso, donde se rindió un informe sobre los avances, logros y dificultades en el desarrollo de cada uno de ellos.
Trascendió además durante el encuentro que la dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al presidente de la República, en concordancia con la Constitución Política en su artículo 189 y la Ley 2272 de 2022.
La comunicación se divulga mientras existe una controversia en torno al tema entre la Consejería Comisionada de Paz y la Fiscalía General.
El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, rebatió ayer los argumentos de la fiscal general, Adriana Camargo, quien se negó a suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), actualmente en diálogos con el Gobierno.
En un comunicado, el funcionario refirió que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, durante transcurso del desplazamiento y en permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional.
Durante la víspera, la Fiscalía comunicó que se abstenía de suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del EGC, conocido como Clan del Golfo, hasta contar “con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.
Pidió asimismo conocer “avances sobre la desarticulación de las estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades”, entre otras cuestiones.
Hace cinco días, el Gobierno informó que más de 400 integrantes del EGC comenzarían a partir del mes próximo su ingreso en las ZUT establecidas en Tierra Alta, Córdoba y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, con vistas a su desmovilización.
Para tales efectos solicitó la suspensión de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que todo se realizara de la manera convenida.
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