Por Mario Hubert Garrido

Según el comunicado institucional, la iniciativa recibió la víspera 37 votos a favor, 21 en contra y una abstención, y deberá pasar ahora al Órgano Ejecutivo, que tendrá que decidir si la sanciona o formula objeciones al texto antes de su eventual publicación en la Gaceta Oficial.

El proyecto, que modifica y adiciona artículos al texto único de la Ley 49 de 1984, fue construido a partir de 18 propuestas legislativas y experimentó numerosas modificaciones durante su discusión parlamentaria. La Asamblea informó que durante el proceso fueron presentadas más de un centenar de propuestas de cambio.

Uno de los asuntos que generó mayor controversia fue la incorporación de facultades para que los diputados puedan gestionar y fiscalizar programas y obras en sus respectivas áreas electorales, una posibilidad que había sido eliminada de la normativa parlamentaria en una reforma de 2010.

La disposición fue cuestionada por sectores opositores y organizaciones empresariales, que consideran que puede abrir espacios al clientelismo político y desdibujar la separación de funciones entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Durante el debate también persistieron diferencias en torno a la asistencia de los diputados, las plantillas, las exoneraciones y las reglas para las contrataciones de personal.

Entre los aspectos más controvertidos figura la eliminación de la disposición que impedía a los diputados contratar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, modificación que reavivó el debate sobre los mecanismos para prevenir el nepotismo dentro del Parlamento.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó que el texto no incorporara medidas suficientes para eliminar privilegios, combatir el ausentismo y cerrar espacios al nepotismo.

Los cuestionamientos de la oposición también alcanzaron la posibilidad de que las denominadas partidas circuitales, eliminadas formalmente en el pasado, puedan reaparecer bajo mecanismos diferentes mediante la participación de los diputados en la gestión de proyectos comunitarios.

Otros puntos incluidos en la reforma se relacionan con la elección de las directivas de las comisiones, la juramentación de diputados suplentes, la estructura y clasificación del personal legislativo, las reglas para la conformación de las bancadas y procedimientos de funcionamiento del pleno y las comisiones.

Durante el proceso de discusión, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, Dana Castañeda, defendió la reforma como un esfuerzo destinado a modernizar el funcionamiento del Legislativo y establecer reglas más claras para su desempeño.

La comisión había planteado, entre otros asuntos, mecanismos vinculados con la productividad parlamentaria, la asistencia a las sesiones y la organización de las comisiones permanentes.

El debate sobre el Reglamento Interno ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos a la actuación de la Asamblea Nacional y a la utilización de recursos y personal legislativo.

El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, ha señalado anteriormente su preocupación por el elevado número de leyes aprobadas por el Parlamento que, según afirmó, posteriormente debió vetar por contradicciones con normas vigentes, parámetros fiscales o disposiciones constitucionales.

En ese sentido, la discusión deja planteado un debate que trasciende las normas de procedimiento parlamentario: cómo garantizar una Asamblea más eficiente y transparente sin ampliar las facultades de los diputados en áreas que puedan generar conflictos de competencia, discrecionalidad en el manejo de recursos públicos o prácticas de carácter clientelista.

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