Boluarte ha sido acusada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de presunta responsabilidad en la muerte de 50 civiles en las protestas de meses contra su ascenso al cargo, en diciembre de 2021.
Según el alegato de la congresista en la sesión que, con inusual apuro, aprobó en primera instancia, la imputación no será imprescriptible, liberará de sanciones a los ex ministros y exjefes militares que la secundaron.
Además, la norma pone una serie de consideraciones y acotaciones que limitan la posibilidad de sancionar delitos de lesa humanidad.
El proyectista de la ley y presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, considerado de derecha extrema, argumentó la necesidad de terminar con lo que considera abusos e injusticias contra militares y policías, incluyendo a los imputados de crímenes de Estado.
“Su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte”, aseveró Luque y cuestionó la inusitada celeridad del trámite de la ley, iniciado el 30 de marzo y desde ayer listo para su debate final en el pleno legislativo.
La norma establece que incurre en delito de lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y siendo consciente de ello, cometa actos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura.
Establece penas que van de 30 años de cárcel a cadena perpetua, siempre que se cumplan los citados requisitos, incluyendo el impreciso de que los autores sean conscientes de lo que hicieron.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el proyecto de ley “Incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal bajo una formulación que, en los hechos, refuerza la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (2002)” para que sean consideradas delitos comunes y prescriptibles.
Añade que lo aprobado inicialmente “representa un grave retroceso de las obligaciones internacionales del Estado peruano”, firmante del Estatuto de Roma y contradice el derecho internacional, que establece con claridad que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
“La aprobación de este proyecto compromete seriamente la responsabilidad internacional del Perú y envía un mensaje alarmante de desprotección a las víctimas y de debilitamiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, añadió la CNDDHH.
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