La máxima corte examina desde ayer tres acciones relacionadas con la normativa promulgada en julio de 2023 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que obliga a las empresas a garantizar la misma remuneración para todos por idéntica función.

Tales recursos sobre constitucionalidad e inconstitucionalidad de la legislación fueron presentados por la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional de la Industria y el Partido Nuevo, divulgó agencia Brasil.

Después de la exposición de argumentos de las partes involucradas, para este jueves está prevista la emisión de los votos de los magistrados acerca del caso.

Con la referida norma se modificó la Consolidación de las Leyes Laborales y quedó establecido que las empresas podrán ser sancionadas con multas equivalentes a 10 veces el salario en casos de discriminación por sexo, raza, etnia, origen o edad.

Asimismo, las compañías con más de 100 empleados deben publicar cada seis meses informes de transparencia salarial para permitir el control ante posibles desigualdades.

Durante la audiencia, reportó dicha fuente, la abogada Camila Dias, representante del Instituto Nosotros por Ellas, defendió la constitucionalidad de la ley.

Según Dias, la divulgación obligatoria de reportes salariales y la posibilidad de imponer sanciones son instrumentos esenciales para garantizar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación.

“Resulta inconcebible que las mujeres reciban, en promedio, un 20 por ciento menos que los hombres por la misma función, es inconcebible que se le pida a este tribunal en 2026, que declare lo obvio”, sostuvo.

Por su parte, Mádila Barros de Lima, representante de la CUT, afirmó que la desigualdad salarial femenina es resultado de un proceso histórico y estructural que continúa reproduciéndose en el mercado laboral brasileño.

Subrayó que el problema afecta especialmente a mujeres negras, personas con discapacidad y trabajadoras víctimas de discriminación por edad y sexismo.

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