Huarachi deberá retornar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro después que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó la detención domiciliaria que se le había concedido en abril del año en curso.

La decisión judicial fue confirmada ante la prensa por el abogado denunciante del caso, Abel Loma, quien pidió a las autoridades policiales ejecutar de inmediato la orden de reclusión.

El exsecretario ejecutivo de la COB enfrenta acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dentro del denominado caso “Coimas”.

Por este expediente fue enviado con detención preventiva a Chonchocoro en noviembre de 2025, sin embargo, a fines de abril último, el Juzgado Anticorrupción Octavo de La Paz dispuso sustituir esa medida por detención domiciliaria.

La audiencia de apelación incidental fue impulsada por el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia, que objetaron la determinación judicial al considerar que persistían riesgos procesales dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras la resolución de la Sala Penal Cuarta, la medida domiciliaria quedó sin efecto, por lo que el exdirigente sindical deberá volver al centro penitenciario de máxima seguridad.

El caso “Coimas” investigó a una presunta red de cobros irregulares y favorecimientos en contrataciones dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y desembocó en la condena a 10 años de prisión al exministro Juan Santos, entre otras exautoridades de esa cartera.

Coincidentemente con la reclusión de Huarachi, en medio del paro indefinido contra el Gobierno, que encabeza el actual secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, la fiscalía desarrolla una pesquisa contra él por presunto fraude en asuntos laborales.

Según aseguró el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, se realizarán diligencias y Argollo será convocado a prestar declaración.

El 7 del mes en curso, el diputado oficialista Manolo Rojas formalizó la denuncia contra Argollo, y tras un breve análisis el Ministerio Público decidió abrir el expediente, de acuerdo con Tórrez.

De acuerdo con el legislador, en 2021, el ahora líder sindical realizó un trámite fraudulento y cobró un cheque superior a 141 mil bolivianos (14 mil 100 dólares).

Por su parte, Tórrez ratificó que ya existe “un inicio de investigación dentro de la presente causa, y pronto se harán los requerimientos correspondientes para convocar a declarar a este ciudadano a efecto de poder llegar a la verdad histórica del hecho”.

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