La Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen y controlada por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, aprobó 24 leyes desde el 14 de mayo de 2025, día en que los legisladores electos asumieron sus curules.
Dos de esas normas aprobadas, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, ampliamente criticadas por diversos sectores sociales, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, que las descalificó por incluir disposiciones contrarias a la Carta Magna.
Otras legislaciones, entre ellas la Ley de Inteligencia, la Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y la Ley de Minería y Energía, enfrentan también demandas de inconstitucionalidad por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales, aunque aún no se ha definido su validez.
Según datos parlamentarios, el Legislativo realizó 143 sesiones plenarias y aprobó más de 70 resoluciones, muchas de ellas de respaldo a políticas del Ejecutivo en materia de seguridad, economía y relaciones exteriores.
La oposición, especialmente el bloque del movimiento Revolución Ciudadana (RC), sostiene que la Asamblea funciona como un órgano de apoyo al Gobierno y no como un poder independiente encargado de ejercer control político.
La asambleísta Paola Cabezas, de la RC, afirmó que “en un año convirtieron la Asamblea en una oficina de trámites del Ejecutivo” y apuntó que en los 12 meses en funciones ADN controló el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y 13 de las 15 comisiones.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la falta de fiscalización ante casos de corrupción en el sector eléctrico, el desabastecimiento de medicinas y operativos militares polémicos en medio de la crisis de seguridad.
“Mientras el país exigía respuestas sobre Progen, Healbirth y la crisis hospitalaria, ellos eligieron proteger al poder”, aseveró Cabezas en relación con los casos que no se fiscalizaron durante lo que calificó como “un año de imposiciones, blindaje político y autoritarismo legislativo”.
El también parlamentario de la RC Juan Andrés González, consideró que en este año los dirigentes de la Asamblea “no solo han demostrado improvisación e incapacidad, sino también cuáles son sus verdaderos intereses: proteger a los suyos en presuntos casos de corrupción y servir como facilitadores del Ejecutivo para aprobar leyes nocivas para el pueblo ecuatoriano”.
A eso se suman las críticas por la selectividad en los juicios políticos contra autoridades del Ejecutivo que no prosperan, el rechazo del oficialismo a la interpelación a ministros.
“Hemos visto una Asamblea que legisla para los ecuatorianos y que no está comprometida con los shows políticos”, planteó la legisladora Inés Alarcón, del bloque afín al Gobierno.
El año legislativo estuvo marcado, además, por escándalos de nepotismo, sanciones disciplinarias y legisladores que cambiaron de bando, lo cual permitió a ADN consolidar su mayoría.
El titular del Legislativo presentará este jueves su informe de gestión y pese a las críticas, asegura que la Asamblea ha cumplido más del 60 por ciento de la agenda 2025-2027 y ha consolidado un Parlamento «más productivo, transparente y cercano a la ciudadanía».
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