La nota señala que, aun cuando la supuesta víctima no ha presentado una denuncia, el Ejecutivo decidió actuar a la luz de la información recibida y en virtud de las disposiciones de orden público de las leyes y reglamentos aplicables, las cuales velará porque se cumplan rigurosamente.

En tal sentido mencionó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley n.° 19-2022, de 4 de mayo de 2022, relativa a la lucha contra la violencia contra la mujer en la República del Congo, conocida como Ley Mouebara.

El comunicado, que no menciona al ministro implicado, amplía que el titular de Justicia, Derechos Humanos y Promoción de los Pueblos Indígenas fue instruido para remitir el asunto a las autoridades judiciales competentes.

“El Gobierno ha solicitado a los Ministros responsables de la Promoción de la Mujer y Asuntos Sociales que implementen todas las medidas necesarias para garantizar la protección jurídica y la asistencia adecuada a todas las personas afectadas por este caso”, añadió.

El Ejecutivo reafirmó también el compromiso con los principios del Estado de Derecho, los cuales garantizan a toda persona acusada el derecho a defenderse ante los tribunales competentes, en estricta conformidad con la presunción de inocencia consagrada en la Constitución congoleña.

“El Gobierno recuerda que Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado, ha jurado defender el Pacto Social, garantizar el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos de las mujeres y las personas vulnerables. En este sentido, velará por la aplicación rigurosa de las leyes y reglamentos de la República”.

Desde el fin de semana circula en redes sociales y la opinión pública congoleña la denuncia de que el ministro de Asuntos Territoriales y del Dominio Público, Jean-Marc Thystere Tchicaya, agredió violentamente a su esposa.

El asunto ha trascendido marcado por la crítica, no sólo por el acto en sí mismo, sino por la reacción de la titular para la Promoción de la Mujer en el Desarrollo, el Pacto Social y la Economía Informal, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, considerada por algunos como complaciente.

La opinión pública cuestionó que la justicia se aplicara de igual forma para un ministro que para un ciudadano común, por lo que la salida del comunicado del Gobierno es percibida como una rectificación de la postura hasta el momento.

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