La rendición de cuentas se realizó este jueves en la sede parlamentaria en esta capital, con la presencia de unas mil 500 personas, entre autoridades, representantes de organizaciones civiles y estudiantes.
Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, autoridades del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
No asistieron ministros de Estado ni los legisladores del movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora en el Parlamento.
En su intervención, Olsen señaló que la Asamblea celebró 139 sesiones plenarias y el Consejo de Administración Legislativa aprobó 228 resoluciones durante el primer año del actual período, que concluirá en 2029.
El titular del Legislativo indicó que entre las normas aprobadas figuran leyes relacionadas con seguridad, inteligencia, ciberseguridad, atención integral del cáncer, salud mental, educación financiera y formación dual.
Añadió que varias de las leyes aprobadas han servido de respaldo normativo a acciones del Estado frente al crimen organizado.
Al respecto, apuntó que en 2026 se ejecutaron mil 151 operativos contra la minería ilegal, se incautaron 25 toneladas de droga y se destruyeron 641 campamentos clandestinos, con pérdidas estimadas en mil 696 millones de dólares para las estructuras criminales.
Asimismo, destacó la aprobación de normas orientadas a la atención de pacientes con cáncer, la promoción de la salud mental y la capacitación de jóvenes mediante programas de formación dual.
El presidente de la Asamblea anunció que las prioridades para el segundo año de gestión serán reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Función Judicial y a la legislación sobre emprendimiento e innovación.
Durante una parte de su intervención, también cuestionó a la oposición por, según dijo, rechazar de manera sistemática proyectos de ley y obstaculizar el trabajo legislativo.
La actual Asamblea inició funciones el 14 de mayo de 2025 y ha estado marcada por críticas de sectores opositores y organizaciones sociales, que cuestionan la falta de fiscalización al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
La asambleísta Paola Cabezas, de la RC, afirmó en su cuenta de X que “en un año convirtieron la Asamblea en una oficina de trámites del Ejecutivo”.
Mientras, su colega de bancada Juan Andrés González consideró que los dirigentes de la Asamblea “no solo han demostrado improvisación e incapacidad, sino también cuáles son sus verdaderos intereses: proteger a los suyos en presuntos casos de corrupción y servir como facilitadores del Ejecutivo para aprobar leyes nocivas para el pueblo ecuatoriano”.
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