La denominada Operación Sem Refino fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y se desarrolló en ese estado, São Paulo y el Distrito Federal, con el cumplimiento de 17 órdenes de búsqueda y confiscación.

Entre los principales investigados figura el empresario Ricardo Magro, propietario de la empresa Refit, antigua Refinería de Manguinhos, contra quien fue emitida una orden de prisión preventiva.

Según la PF, las investigaciones buscan esclarecer la actuación de un conglomerado económico sospechoso de utilizar estructuras financieras y societarias para ocultar patrimonio, disimular bienes y transferir recursos al exterior.

La Justicia brasileña también determinó siete medidas de apartamiento de funciones públicas, el bloqueo de alrededor de 52 mil millones de reales (10,2 mil millones de dólares) en activos financieros y la suspensión de las actividades económicas de las empresas involucradas.

Asimismo, uno de los investigados fue incluido en la Difusión Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mecanismo utilizado para localizar y detener personas buscadas internacionalmente.

De acuerdo con la PF, las sospechas incluyen posibles fraudes fiscales, ocultamiento patrimonial e irregularidades vinculadas con las operaciones de la refinería relacionada con el grupo investigado.

La defensa de Cláudio Castro, citada por la Agencia Brasil, afirmó que aún desconoce las razones específicas del allanamiento ordenado por el ministro del STF Alexandre de Moraes y sostuvo que el exgobernador colaboró con las autoridades.

En otra acción derivada de la operación, agentes federales incautaron más de 500 mil reales en efectivo (unos 98 mil dólares) en la residencia del policía civil Maxwell Moraes Fernandes, también investigado en el caso.

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