La titular del ramo, May Chomali, advirtió que ve con mucha preocupación la indicación sugerida por el Ejecutivo, que también incluye a los establecimientos educativos.

Toda la información entregada en el contexto de una atención sanitaria está resguardada por el Código Sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente, dijo la funcionaria.

Chomali agregó que desde el Ministerio no pueden negar una atención, porque pondrían en riesgo la vida de esa persona y también la del resto de la población.

En la misma línea, el Superintendente de Salud, Fernando Riveros, dijo a la prensa que el actual ordenamiento jurídico chileno prioriza la privacidad del paciente y el acceso a la salud por sobre el control migratorio.

Recordó que cualquier medida como la sugerida por el Ejecutivo chocaría contra las leyes que establecen la obligación de otorgar la atención en situaciones de urgencia sin poner ningún tipo de condicionamiento.

Incluso los datos de la ficha clínica no pueden ser conocidos por nadie al interior de un hospital, salvo el equipo médico que participa directamente en la atención de salud a la persona, precisó Riveros en declaraciones a Radio Cooperativa.

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