Esta semana la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sumó ocho nombres al listado de quienes, víctimas del régimen de facto, siguen sin aparecer.

Fue a partir de un informe actualizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) sobre las denuncias y los casos en investigación.

De acuerdo con el reporte, la Institución recibió y relevó 326 denuncias de presuntas desapariciones forzadas durante la dictadura, tanto en Uruguay como en el exterior, de las cuales 81 aún están en análisis y 40 fueron descartadas.

El resultado es 205 desapariciones forzadas investigadas, ocho más de las que contabilizaba Madres y Familiares hasta el momento.

Los restos de cuatro de estos uruguayos fueron ubicados o identificados en Argentina y uno fue hallado en El Salvador, mientras que los otros tres son nuevos casos cuya búsqueda está activa.

La Inddhh considera que 43 de estos casos están aclarados «por el hallazgo de los restos o la certeza del paradero de los mismos», pero Madres y Familiares los mantiene en su lista porque entiende que no son «casos resueltos» y sostiene que son 205.

A principios de mes, una delegación de la asociación se reunió con el presidente Yamandú Orsi, a quien expresaron inconformidad sobre el ritmo de la búsqueda y las trabas burocráticas para acceder a los archivos de la dictadura.

En 2024 fueron identificados los restos de Amelia Sanjurjo, encontrados el año anterior en un predio del Batallón 14 del Ejército, en el departamento de Canelones.

En el propio terreno, meses después, fueron hallados otros restos humanos, pertenecientes a Luis Eduardo Arigón, militante del Partido Comunista al igual que Sanjurjo.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente las osamentas de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.

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