La acción legal estará respaldada por la Plataforma de Jubilados y Jubiladas del Ecuador, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y el movimiento Unitierra.

Las organizaciones informaron que entregarán un amicus curiae, figura jurídica mediante la cual terceros ajenos al proceso aportan argumentos y criterios técnicos o legales para apoyar la decisión de un tribunal.

El documento será incorporado a la causa mediante la cual la Corte analiza el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos.

Los grupos sociales argumentan que el convenio no constituye un pacto comercial ordinario, sino que establece compromisos de carácter político, militar, migratorio, tecnológico y de seguridad.

Según indicaron en un boletín de prensa, el tratado debe ser aprobado previamente por la Asamblea Nacional porque contempla alianzas políticas y militares.

Entre los aspectos cuestionados mencionan disposiciones que, a su juicio, permitirían la participación de empresas estadounidenses en adquisiciones del sector Defensa, abrirían licitaciones de proyectos estratégicos en áreas como petróleo y minería, y comprometerían al país a alinearse con sanciones económicas dictadas por Washington.

También cuestionan cláusulas relacionadas con política migratoria, al considerar que convierten a Ecuador en un mecanismo de control regional al servicio de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Las organizaciones recordaron que en el referéndum de 2025 la mayoría del electorado rechazó eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional.

“Donde el pueblo cerró una puerta constitucional, el Ejecutivo no puede abrir un túnel diplomático”, señala el texto del recurso.

La semana pasada legisladores del movimiento Revolución Ciudadana presentaron otro amicus curiae que pide declarar como inconstitucional el acuerdo comercial suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.

El asambleísta Héctor Rodríguez afirmó que el convenio con Washington vulnera varios artículos de la Constitución ecuatoriana, pues afectaría el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria y la soberanía alimentaria.

El Gobierno de Ecuador ha asegurado que el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos puede abrir oportunidades para la economía del país, pero el tratado genera preocupaciones y algunos lo consideran asimétrico.

El presidente Daniel Noboa y su equipo defendieron la iniciativa como una salida para aliviar la presión de los gravámenes impuesta por Washington y para facilitar la entrada de productos ecuatorianos al mercado estadounidense sin sobretasa arancelaria.

En medio de las críticas, el mandatario afirmó en marzo pasado que el acuerdo «no es definitivo» y se renegociará en agosto.

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