En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario reconoció los sacrificios que la restricción implicó para familias y emprendedores luego de que diversos sectores expresaran su rechazo a la medida por las pérdidas económicas que implicó.

Noboa señaló que durante 15 días el toque de queda permitió al denominado Bloque de Seguridad, que incluye policías y militares, actuar “con contundencia” en los territorios con mayores índices de violencia.

El gobernante precisó que en ese período fueron detenidas 717 personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales y cuatro objetivos considerados de alto valor fueron abatidos.

“La criminalidad se ha reducido. Los resultados son contundentes. Hasta el corte de hoy en mayo hay una disminución del 39 por ciento en homicidios”, apuntó.

En los comentarios de la publicación en Instagram algunos usuarios señalaron que el mandatario está lejos de la realidad, que la criminalidad bajó apenas por la restricción de movilidad, y le piden que también atienda la crisis en la salud pública.

El toque de queda estuvo vigente entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones del país, como parte del estado de excepción decretado para enfrentar a las bandas delictivas. De acuerdo con el balance oficial divulgado la víspera, durante los operativos fueron detenidas en total cinco mil 23 personas por distintos delitos, se decomisaron 9,2 toneladas de drogas y se incautaron armas, explosivos, combustible y maquinaria utilizada en actividades ilícitas.

El sociólogo y especialista en seguridad Hugo Acero consideró que el estado de excepción ofrece resultados temporales, pero no puede mantenerse indefinidamente.

Según comentó en entrevista con la emisora Radio Pichincha, la reducción sostenida de la violencia requiere fortalecer la inteligencia y las instituciones para identificar no solo a los líderes de las bandas, sino también a las redes económicas que las sostienen.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, con la que el Ejecutivo calificó a los grupos delictivos como organizaciones terroristas.

Pese a esta estrategia, 2025 cerró con más de nueve homicidios, la cifra más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior.

otf/avr